sábado, 4 de abril de 2020

La frágil condición, en estos días, del ciudadano de pleno derecho


Siempre hemos pensado que una persona era ciudadano de pleno derecho desde que nacía hasta que moría. O al menos, en una sociedad democrática moderna. Pero no es así, como se pone de manifiesto en estos días de emergencia sanitaria a causa de la pandemia del coronavirus, en que unos desbordados gestores públicos se ven con la imperiosa necesidad -con mayor o menor juicio- de establecer criterios propios de un estado de guerra, cribando a la población entre sujetos aptos y no aptos como beneficiarios para con los recursos y servicios sanitarios de propiedad comunal.

La figura del ciudadano, como todos sabemos por cultura general, es una herencia de las Ciudades-Estado griegas, cuna de la civilización occidental. Cuyo concepto socio-político se consolidó en época de la Antigua Roma, y evolucionó para su perfección en términos de derechos civiles, políticos y sociales a lo largo de la Historia hasta nuestros días. Llegando a alcanzar en la actualidad el estatus de ciudadanía toda aquella persona como miembro activo de un Estado y, en consecuencia, considerada con plena titularidad sobre el conjunto de los derechos y las obligaciones normativas que regulan al mismo. Una condición que, hasta la fecha, se consideraba tanto de carácter universal para todo ciudadano, como inalienable a lo largo de su vida.

Contrariamente, la realidad se impone. Y la fragilidad de la condición de ciudadano con derechos naturales adquiridos, al amparo de las Democracias de Derecho, se pone de flagrante manifiesto. Tanto es así que de un día para otro, cerca de tres millones de ciudadanos españoles correspondientes a la población que tiene 80 o más años de edad (según datos de 2019), equivalente al 6% de la población total del país, han sido borrados del sistema como ciudadanos sociales de pleno derecho. Y ello sin referendum popular mediante, tan solo por orden y mando de algún que otro gobierno de las administraciones territoriales y bajo legitimidad -no exenta de crítica preceptiva- de la defensa del bien común en un tiempo de máxima excepcionalidad. En este caso, considerando como bien común la protección de la población más joven, sobre la lógica de una política de rentabilización de recursos sanitarios, por encima de la población más anciana. Al menos hasta que pase la mega tormenta, que será entonces que previsiblemente los nuevos no-ciudadanos de nuestra sociedad volverán a ser readmitidos como ciudadanos de pleno derecho tras un reseteo y posterior actualización del sistema. Como quien desactiva y vuelve a activar a posteriori un programa determinado de un software informático que tiene como función la organización integral de la sociedad.

No cabe decir que la desactivación de la categoría de ciudadano social para una parte de la población rompe tanto el principio de igualdad como el de justicia social de las democracias modernas, además de abrir una puerta directa a la inseguridad jurídica del conjunto de ciudadanos en un país como España que es el más longevo de la Unión Europea, y el tercero del mundo tras Japón y Suiza (llegando a poder alcanzar el primer puesto mundial dentro de dos décadas, según un estudio de la Universidad de Washington). De hecho, cerca del 20 por ciento de la población española está representada por personas mayores de 65 años. Un hito de nuestra sociedad gracias al aumento de esperanza de vida generado tanto por la mejora de las condiciones de calidad de vida, como por los avances en medicina, y asimismo por un Estado del Bienestar Social fuerte en protección sanitaria y social.

Es por ello que la gravosa y excepcional situación actual causada por la pandemia del coronavirus, que ha puesto en evidencia la fragilidad de la condición de ciudadano de pleno derecho especialmente en aquellos colectivos discriminados por edad, que hoy son unos y mañana seremos el resto por ley de vida, no puede consolidar esta práctica a futuro de carácter, se mire por donde se mire, totalmente antidemocrática -y por ende antihumanista- por ser contraria a sus valores rectores. Sino que, al contrario, debe servir como prueba de error a corregir con celeridad para crear una sociedad asistencial y solidariamente más fuerte y resistente frente a los nuevos retos que nos deparará, sin lugar a dudas, un mundo globalizado como el que vivimos. Pues si algo caracteriza a la actual pandemia es que es un efecto colateral directo del fenómeno de la globalización, y éste, por su propio desarrollo, augura con certeza a la par que con incertidumbre nuevas embestidas por conocer, a la vista de los acontecimientos presentes.

Establecer por regla general, como salida de emergencia social a discreción, la caducidad de la condición legal de la ciudadanía en determinadas condiciones no solo menoscaba la esencia de la Democracia como sistema de organización social moderna por evolucionada, sino que convierte a las sociedades en menos humanas. [Ver: El deber inalienable de defender a nuestros ancianos (versus una “purga” social)]. Por tanto, nuestra es la decisión, como ciudadanos responsables por titulares de nuestra propia Democracia, qué tipo de sociedad futura queremos construir.


Nota: Para artículos de reflexión sobre filosofía contemporánea del autor se puede acceder online a la recopilación del glosario de términos del Vademécum del ser humano