jueves, 29 de noviembre de 2018

Violencia, la dicotomía entre Derecho y Sociedad


El concepto de violencia, que todos entendemos como el uso de la fuerza para conseguir un fin y especialmente para dominar a alguien o imponer algo, está de rabiosa actualidad en la opinión pública española. Pues si bien todos sabemos de manera apriorística y natural a lo que nos referimos cuando percibimos un acto de violencia, ésta queda difuminada jurídicamente dependiendo del contexto en el que se realiza, como se constata en procesos judiciales de actualidad mediática en ámbitos tan dispares como la violencia de género o la violencia política: casos de la manada y del conflicto independentista catalán, respectivamente, por poner un par de ejemplos. Por lo que la dicotomía entre los conceptos natural y jurídico de violencia resulta a día de hoy causa lógica de desencuentro reflexivo entre la Sociedad y el Derecho.

Dicho desencuentro de percepciones provoca, como he tenido ocasión de evidenciar en una cena reciente con un magistrado conocido, un estado de malestar general en el seno de la judicatura. Pues el colectivo de jueces, en una línea de defensa tan corporativista como inmovilista, en virtud de su deber de aplicar diligentemente los articulados legales que definen la tipificación de los diversos delitos penales, consideran que sus sentencias no deben ser objeto de crítica pública por desconocimiento jurídico del resto de los mortales. ¡Con la Institución de la Justicia hemos topado!.

El hecho que los jueces apliquen de manera recta y fidedigna la ley, fieles a la tradición del Derecho Romano, ciertamente es motivo de tranquilidad para el conjunto de ciudadanos que participamos de un Estado de Derecho. Si bien no es menos cierto que, como en todo ordenamiento jurídico, el articulado de las normas pueda interpretarse de manera más o menos restrictiva o extensiva dentro de un margen razonable, como ya recoge el propio ordenamiento sobre el concepto y alcance de la naturaleza interpretativa de las leyes donde se incluye la dimensión sociológica (Título Preliminar del Código Civil, artículo 3.1.). No obstante, sin entrar a debatir el margen interpretativo de las normas (jurídicas) -pues los penalistas nos dirán que el modus interpretandi difiere de si hablamos de código civil o penal-, es una verdad históricamente irrefutable que la ley siempre va por detrás de las necesidades sociales. Pues es la sociedad, con sus siempre nuevas necesidades creadas, quien engendra en forma y contenido las leyes.

Ello no significa que los magistrados, en el ejercicio de su facultad como funcionarios públicos de administrar Justicia, deban adecuar subjetivamente los articulados según el contexto social de cada momento y a merced de la presión mediática de turno, pues se generaría un ambiente de inseguridad jurídica que dinamitaría al propio Estado de Derecho. Ni mucho menos. Pero tampoco es de recibo que la judicatura no acepte la crítica social, la cual es un síntoma no solo de salud democrática a la que deben someterse los tres poderes independientes del Estado (aunque el poder judicial no esté acostumbrado hasta la fecha), sino que también es un síntoma de madurez democrática el hecho que los ciudadanos de a pié entiendan, más allá de tecnicismos jurídicos, que los articulados de las leyes tienen una implicación directa en sus vidas diarias y en el propio concepto colectivo que tienen como sociedad.

Por otro lado, la aparente percepción de injuria que siente como propia la judicatura cada vez que se ataca socialmente una sentencia judicial, es ridícula y ralla la megalomanía. Pues los jueces no son más que fedatarios públicos de la actividad judicial, cuyas leyes no las crean ellos sino los representantes del pueblo como políticos que, elegidos periódicamente, constituyen el poder legislativo. Un punto éste que requiere de pedagogía social tanto por parte del poder judicial como por parte de los poderes ejecutivo y legislativo, aunque a éstos últimos ya les va bien -como practican maestralmente- escurrir el bulto de su responsabilidad social.

Sin querer entrar en el nivel cultural de la opinión pública hacia las sentencias judiciales de resonancia mediática, el posible uso partidista que hace la política con artes manipuladoras mediante (en aguas revueltas ganancia de pescadores), y el factor agravante de la percepción social del descrédito de las instituciones públicas, lo cierto es que no se puede despreciar la crítica social como ejercicio de reflexión democrática de ciertas figuras jurídicas de interés general. Tal es el caso del debate sobre el concepto de violencia (y su ligada percepción a lo que se entiende como uso de la fuerza). Pues si bien el Derecho la interpreta desde un enfoque técnico jurídico, en el que el contexto puede llegar a distorsionar los vicios de la voluntad y del consentimiento en los que se fundamenta la figura jurídica de la violencia, la Sociedad la interpreta desde un enfoque moral. Y, ¿qué es una ley sino una prescripción que regula el comportamiento moral del ser humano?. Por lo que en definitiva, las leyes no son más que filosofía social reglada. Dime qué leyes aplicas y te diré qué filosofía de sociedad tienes.

Si la moral es una disciplina filosófica que reflexiona continuamente sobre el comportamiento humano en cuanto al bien y al mal, y las leyes beben del espíritu moral que pauta una sociedad, ergo las leyes requieren de una continua reflexión filosófica sobre moral. Por lo que si, en términos generales, existe una dicotomía entre los conceptos de una misma figura jurídica por parte de la Sociedad y del Derecho, dicha desintonía debe corregirse mediante una revisión y consiguiente actualización o bien de la calidad moral de la Sociedad, o bien de la calidad moral del Derecho. En el caso particular que nos ocupa, la dicotomía del concepto de violencia, la fuerza de la razón de la moral apunta a una corrección del articulado de ciertas tipificaciones en el Derecho.

No se nos enfaden, señores magistrados, pues antes que un Estado de Derecho, somos un Estado Democrático, cuya soberanía -como bien saben ustedes- reside en el pueblo del que emanan los poderes del Estado, entre ellos el poder judicial. Y fue justamente un filósofo como Platón, y no juristas ni políticos, quién creó primero la Democracia y posteriormente el Derecho.

Y, entonces, ¿cuándo se considera que hay violencia?. A lo que el maestro respondió: -Hay violencia siempre que la causa que obliga a los seres a hacer lo que hacen es exterior a ellos. (Aristóteles. La gran moral, libro primero, capítulo XIII)



Nota: Este y otros artículos de reflexión se pueden encontrar recopilados en el glosario de términos del Vademécum del ser humano