miércoles, 4 de abril de 2018

Sin capacitación en gestión del conocimiento no hay Principio de Oportunidad que valga


El mundo lo podemos dividir, desde un punto de vista mercantilista, en sociedades abiertas y sociedades cerradas. Las sociedades abiertas son aquellas donde el Principio de Oportunidad es un valor social adquirido de pleno derecho para beneficio de sus ciudadanos, lo cual permite a una persona desarrollarse profesionalmente con independencia de su clase social, versus a las sociedades cerradas donde el Principio de Oportunidad queda restringido para beneficio exclusivo de un grupo social determinado por razones políticas, religiosas o de linaje familiar. Las sociedades abiertas buscan el desarrollo del conjunto de su comunidad, mientras que las sociedades cerradas buscan el mantenimiento del status quo de una clase social privilegiada. Las sociedades abiertas, asimismo, participan de un desarrollado espíritu democrático y de Estado de Bienestar Social, al contrario de las sociedades cerradas cuya organización política no garantiza los preceptos rectores de un sistema democrático y, por extensión, carecen de un Estado de Bienestar Social que garantice las prestaciones sociales mínimas para la dignidad de la vida humana del conjunto de sus ciudadanos.

Expuesta la dualidad tipológica de sociedades que marca la diferencia entre el primer mundo y el resto, cabe apuntar que el Principio de Oportunidad no solo es un derecho adquirido para los ciudadanos de las sociedades abiertas, sino que representa una necesidad para el sostenimiento de dichas sociedades (a las que denominamos como modernas), ya que al fundamentarse éstas sobre sistemas organizativos de Bienestar Social requieren del activo humano de todos sus miembros para poder mantener los costes sociales del modelo de Estado. O dicho de otra manera, las sociedades basadas en el Estado del Bienestar Social (sistema económico en el que el Estado asume la responsabilidad y la prestación de un gran número de servicios, como educación o sanidad, de forma poco indiscriminada y sin coste prácticamente para el destinatario directo de los mismos), requiere que sus ciudadanos generen una economía productiva sana que pueda costear los gastos derivados de dicho modelo de Estado del Bienestar Social. En este sentido, y como dato representativo, en la España de 2018 la partida del Estado destinada a las pensiones (de vejez, de invalidez y de sobrevivencia) representan el 41 por ciento del total del presupuesto del país.

A ello debemos sumarle el hecho que las economías que mantienen los Estados de Bienestar Social se circunscriben en la lógica de una economía de mercado (más o menos liberal) y de marcado carácter global, dentro de un escenario contemporáneo de la Cuarta Era de la Revolución Industrial caracterizada por generar cambios de mercado, y por extensión sociales (ya que afectan de manera directa e inmediata al mercado laboral y a la vida cotidiana de las personas), en continua y veloz transformación. Un engranaje de economía de mercado altamente competitivo que requiere de una adaptación continua de las economías productivas de los países. Y ya sabemos que la única manera para ser competitivos, y no quebrar el sistema del Bienestar Social, es a través de crear procesos innovadores capaces de hacer frente a los nuevos retos que depara el mercado. Siendo, en primera y última instancia, tanto los elementos nucleares de las economías productivas de un país, como los generadores de procesos innovadores, no otros más que las personas.

De aquí que las sociedades abiertas que podemos identificar como de perfil democrático de Derecho y de Bienestar Social, propias del orbe occidental, tengan integrado y normalizado el Principio de Oportunidad para todos sus ciudadanos (sobre la base de una educación universal), pues son éstos los que son capaces de crear innovación y, en consecuencia, generar economías competitivas que permitan mantener los costes del modelo de sociedad moderna que hemos creado tras siglos de desarrollo.

No obstante, el Principio de Oportunidad nada tiene que ver con el principio de igualdad material, sino con el libre acceso a la gestión del conocimiento en una sociedad rica en recursos, donde una persona, gestionando inteligentemente los recursos que la sociedad pone a su alcance, tiene la oportunidad de desarrollarse profesionalmente. El quid de la cuestión, por tanto, radica en disponer del conocimiento de los recursos existentes en nuestra sociedad para poder gestionarlos de manera inteligente en beneficio del proyecto profesional que nos marquemos. Una máxima que, no obstante, brilla por su ausencia en la formación de futuros jóvenes emprendedores, los cuales carecen del conocimiento suficiente de los recursos a su alcance -por defecto del sistema educativo- para beneficio propio (y del conjunto de la sociedad) del Principio de Oportunidad.

No podemos mantener nuestro sistema de Bienestar Social si no somos competitivos económicamente, ni podemos ser competitivos sin innovación, así como no hay innovación posible (ya sea incremental, radical o frugal) sin gestión del conocimiento, y sin éste no podemos, de ninguna de las maneras, aprovechar el Principio de Oportunidad que nos ha sido otorgado por el hecho de vivir en sociedades abiertas privilegiadas.


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Nota: Este y otros artículos de reflexión se pueden encontrar recopilados en el glosario de términos del Vademécum del ser humano