El mundo lo podemos
dividir, desde un punto de vista mercantilista, en sociedades
abiertas y sociedades cerradas. Las sociedades abiertas son aquellas
donde el Principio de Oportunidad es un valor social adquirido de
pleno derecho para beneficio de sus ciudadanos, lo cual permite a una
persona desarrollarse profesionalmente con independencia de su clase
social, versus a las sociedades cerradas donde el Principio de
Oportunidad queda restringido para beneficio exclusivo de un grupo
social determinado por razones políticas, religiosas o de linaje
familiar. Las sociedades abiertas buscan el desarrollo del conjunto
de su comunidad, mientras que las sociedades cerradas buscan el
mantenimiento del status quo de una clase social privilegiada.
Las sociedades abiertas, asimismo, participan de un desarrollado
espíritu democrático y de Estado de Bienestar Social, al contrario
de las sociedades cerradas cuya organización política no garantiza
los preceptos rectores de un sistema democrático y, por extensión,
carecen de un Estado de Bienestar Social que garantice las
prestaciones sociales mínimas para la dignidad de la vida humana del
conjunto de sus ciudadanos.
Expuesta la dualidad
tipológica de sociedades que marca la diferencia entre el primer
mundo y el resto, cabe apuntar que el Principio de Oportunidad no
solo es un derecho adquirido para los ciudadanos de las sociedades
abiertas, sino que representa una necesidad para el sostenimiento de
dichas sociedades (a las que denominamos como modernas), ya que al
fundamentarse éstas sobre sistemas organizativos de Bienestar Social
requieren del activo humano de todos sus miembros para poder mantener
los costes sociales del modelo de Estado. O dicho de otra manera, las
sociedades basadas en el Estado del Bienestar Social (sistema
económico en el que el Estado asume la responsabilidad y la
prestación de un gran número de servicios, como educación o
sanidad, de forma poco indiscriminada y sin coste prácticamente para
el destinatario directo de los mismos), requiere que sus ciudadanos
generen una economía productiva sana que pueda costear los gastos
derivados de dicho modelo de Estado del Bienestar Social. En este
sentido, y como dato representativo, en la España de 2018 la partida
del Estado destinada a las pensiones (de vejez, de invalidez y de
sobrevivencia) representan el 41 por ciento del total del presupuesto
del país.
A
ello debemos sumarle el hecho que las economías que mantienen los
Estados de Bienestar Social se circunscriben en la lógica de una
economía de mercado (más o menos liberal) y de marcado carácter
global, dentro de un escenario contemporáneo de la Cuarta Era de la
Revolución Industrial caracterizada por generar cambios de mercado,
y por extensión sociales (ya que afectan de manera directa e
inmediata al mercado laboral y a la vida cotidiana de las personas),
en continua y veloz transformación. Un engranaje de economía de
mercado altamente competitivo que requiere de una adaptación
continua de las economías productivas de los países. Y ya sabemos
que la única manera para ser competitivos, y no quebrar el sistema
del Bienestar Social, es a través de crear procesos innovadores
capaces de hacer frente a los nuevos retos que depara el mercado.
Siendo, en primera y última instancia, tanto los elementos nucleares
de las economías productivas de un país, como los generadores de
procesos innovadores, no otros más que las personas.
De
aquí que las sociedades abiertas que podemos identificar como de
perfil democrático de Derecho y de Bienestar Social, propias del
orbe occidental, tengan integrado y normalizado el Principio de
Oportunidad para todos sus ciudadanos (sobre la base de una educación
universal), pues son éstos los que son capaces de crear innovación
y, en consecuencia, generar economías competitivas que permitan
mantener los costes del modelo de sociedad moderna que hemos creado
tras siglos de desarrollo.
No
obstante, el Principio de Oportunidad nada tiene que ver con el
principio de igualdad material, sino con el libre acceso a la gestión
del conocimiento en una sociedad rica en recursos, donde una persona,
gestionando inteligentemente los recursos que la sociedad pone a su
alcance, tiene la oportunidad de desarrollarse profesionalmente. El
quid de la cuestión, por tanto, radica en disponer del conocimiento
de los recursos existentes en nuestra sociedad para poder
gestionarlos de manera inteligente en beneficio del proyecto
profesional que nos marquemos. Una máxima que, no obstante, brilla
por su ausencia en la formación de futuros jóvenes emprendedores,
los cuales carecen del conocimiento suficiente de los recursos a su
alcance -por defecto del sistema educativo- para beneficio propio (y
del conjunto de la sociedad) del Principio de Oportunidad.
No
podemos mantener nuestro sistema de Bienestar Social si no somos
competitivos económicamente, ni podemos ser competitivos sin
innovación, así como no hay innovación posible (ya sea
incremental, radical o frugal) sin gestión del conocimiento, y sin
éste no podemos, de ninguna de las maneras, aprovechar el Principio
de Oportunidad que nos ha sido otorgado por el hecho de vivir en
sociedades abiertas privilegiadas.
Artículo
relacionado:
-Fórmula de la Gestión del Conocimiento (Ficha Técnica de TalentAbility)
Nota: Este y otros artículos de reflexión se pueden encontrar recopilados en el glosario de términos del Vademécum del ser humano
