En estos días del
proceso rupturista del Govern de la Generalitat de Catalunya con el
resto del Estado español (tras una desafección social -horneada a
fuego lento durante los últimos 20 años por parte del nacionalismo
catalán- que derivó en un espíritu de desconexión política a
partir del famoso 9N del 2014), el concepto de legitimidad
democrática está a la orden del día tanto en la dialéctica
institucional del ejecutivo catalán y en el clamor popular
independentista que ha tomado las calles de Catalunya, como en la
narrativa reactiva de los diferentes poderes del Estado español como
respuesta al pulso secesionista catalán.
Un escenario
socio-político convulso donde dos conceptos de legitimidad
democrática chocan entre sí, uno amparándose en una legitimidad
fundamentada en la conformidad con las leyes constitucionales dentro
del marco de un Estado de Derecho, y otro amparándose en la
legitimidad entendida como la validez o verdad subjetiva de una
realidad nacional singular que busca manifestar su particular sentido
democrático fuera del Estado de Derecho preconstituido. Como
observamos en este punto, legitimidad y legalidad no van cogidos de
la mano, ya que si bien la legitimidad se asocia a la política y al
ejercicio de los poderes y la autoridad pública, la legalidad se
asocia al ámbito del derecho que se refiere a lo que es legal (por
lo que para lo que unos es legal, para otros, que han creados leyes
propias y diferenciadas, no lo es).
Pero para entender la
legitimidad de las partes (otro tema es el concepto democrático que
le acompaña al que me referiré más adelante), hay que acudir no a
la política o al derecho, sino a la Filosofía. Pues es la Ética
-rama de la Filosofía-, quien nos permite entender las razones
morales de una legitimidad. (Quizás por ello los políticos han
aniquilado la Filosofía del conjunto del sistema educativo español
e internacional, hasta el punto -como muestra un botón- que por no
existir no existe ya ni la Facultad de Filosofía donde servidor
estudió, puesto que la sociedad contemporánea prima la
productividad de las personas por encima de su capacidad de
pensamiento crítico).
La Ética nos permite
valorar, desde un sistema moral individual y colectivo, si una
legitimidad es buena o mala, correcta o incorrecta, obligatoria o
permitida, entre otros juicios de valor al uso. De éticas
contemporáneas hay varias y de diverso nivel, pero la que nos ocupa
al tratar sobre la legitimidad democrática en el actual
enfrentamiento político-legal entre el Estado español y Catalunya
podemos hablar de la Ética normativa, que es aquella que estudia los
criterios morales (usos y costumbres que guían la conducta de las
personas en la sociedad) para determinar cuándo una acción es
correcta y cuando no lo es. Así pues, cuando nos referimos a la
Ética de una legitimidad no hacemos más que referirnos a los
criterios morales sobre los que se basa dicha legitimidad. Pero, ¿qué
es la Moral?, he aquí la pregunta del millón. De definiciones y
conceptos sobre la Moral hay tantos como grandes filósofos nos han
predecedido a lo largo de la historia de la Humanidad desde la
Antigua Grecia, pero alejándonos de las tesis kantianas, teológicas
y naturalistas de aquella Moral con validez absoluta, universal y
eterna, todos entendemos en un contexto sociológico que la Moral es
relativa en referencia al contexto histórico en que se desarrolla.
Por tanto, si la Moral es en tanto se establece en el parámetro
referencial de un contexto en el que se manifiesta, la Ética de la
legitimidad democrática no se puede entender sin la Moral de la
Democracia, pues en ella se encierra la Ética de su legitimidad.
Democracia, otra palabra
grandilocuente que estos días se está utilizando como bandera de
guerra entre las partes en litigio. La Democracia, así como la Ética
y la Moral han evolucionado a lo largo de la historia. Tanto es así
que Platón, padre de la Democracia, en su obra la República
manifiesta que todos los hombres son iguales en una organización
ideal de la sociedad, pero cuando le preguntan a su personaje
Sócrates quién limpiaría las calles si todos son ciudadanos libres
e iguales, éste respondió que “para ello tendremos esclavos”.
Y nadie en su sano juicio concibe una Democracia moderna con
esclavos, ¿verdad?. Por tanto, si el concepto de la Democracia ha
variado según ha ido evolucionando la sociedad a lo largo de los
siglos, ¿qué entendemos actualmente por Democracia?.
Todos conocemos, aunque
sea por pura traducción etimológica del griego clásico (demos
y kratós), que Democracia es el poder del pueblo, es decir,
que la forma de organización social atribuye la titularidad del
poder al conjunto de la ciudadanía. Pero asimismo a nadie se le
escapa que de tipos de democracias existen muchas y variadas en el
mundo. Así, nos encontramos -entre otras clasificaciones- con
democracias indirectas o representativas (como en España),
semidirectas o participativas (como en Bolivia), democracias directas
(como en Suiza o Estados Unidos), y sus diversos tipos de
manifestación: democracias liberales (como la mayoría en Europa),
socialdemocracias (Suecia), democracias con monarquías
constitucionales (España, Gran Bretaña, Japón, etc), democracias
soviéticas (ex URSS), democracias populares (Cuba), etc. En Europa,
por su parte, quién define qué es Democracia y cuáles son sus
principios fundamentales y componentes, es la Comisión Europea para
la Democracia por el Derecho, más conocida como la Comisión de
Venecia, que es un órgano consultivo del Consejo de Europa formado
por expertos independientes en el campo del derecho constitucional
propio de nuestra era, que tiene como objetivo asistir y aconsejar a
países en asuntos constitucionales para mejorar el funcionamiento de
las instituciones democráticas y la protección de los derechos
humanos. Por tanto, si en nuestro contexto social y político tenemos
que referirnos a la Moral de la Democracia, nos remitiremos a los
principios morales marcados por la Comisión de Venecia. Y según
ésta (en carta personalizada enviada al presidente del gobierno
catalán en el pasado mes de junio), la acción del Govern de la
Generalitat de Catalunya de llevar a cabo un referéndum unilateral
no es una acción correcta al desarrollarse fuera del marco del
Estado Democrático de Derecho y al incumplir los requisitos básicos
para que un referéndum sea aceptado por la comunidad democrática
internacional. De lo que se deduce que la Ética de la legitimidad
democrática del Referéndum catalán del 1-0 no es buena, ni
correcta, ni aplicable.
Pero junto a la Ética de
la legitimidad democrática, no podemos olvidar la Ética de
responsabilidad política de aquellos dirigentes, que aún a
sabiendas de la falta de corrección y de aplicabilidad de la Ética
de legitimidad democrática de sus planes políticos, son autores
intelectuales y materiales de la deriva hacia una ruptura social,
manipulando a la ciudadanía mediante argumentos políticos falsos
-algunos de ellos de gravedad-, con el objetivo consciente (y por
tanto doloso) que la masa se agite como un caballo desbocado -como
diría Ortega y Gasset- en un acto de flagrante rebeldía activa a la
Autoridad del Estado Democrático de Derecho. Una masa que, por otro
lado, demuestra con sus actos una preocupante analfabetización
cultural general, fruto de un adoctrinamiento previo, y pone en
relieve un desconocimiento del sentido fundamental de la Democracia
en particular. Que referéndum no es igual a Democracia, que quede
claro, pues hasta en las dictaduras se ejercen los referéndums,
residiendo la diferencia justamente en el marco de garantías que
ofrece un estado democrático de derecho.
Menos manipulación
institucional y educativa, y más Ética filosófica y Filosofía de la Democracia, por favor.
Recordando a Sócrates: “El conocimiento nos hará libres”.
Nota: Este y otros artículos de reflexión se pueden encontrar recopilados en el glosario de términos del Vademécum del ser humano