Frente a la inmigración que no se integra: reserva del derecho de admisión

Mujeres con burka en un parque de Barcelona

El fenómeno de la inmigración se ha convertido en una realidad social nueva para las ciudades y pueblos de nuestra joven democracia. Un fenómeno generado por la necesidad del ser humano de buscar una vida mejor lejos de sus familias de origen, tan antiguo como la historia de la propia humanidad, y amparado bajo los principios y valores de los Derechos Humanos (un código ético de conducta inspirado y promovido desde el humanismo cristiano).

El problema reside, no ya tan solo cuando un país no tiene más capacidad de absorción inmigratoria por cuestiones estrictamente económicas que no son per se baladí, sino cuando un tipo determinado de inmigración no se integra en la vida y constumbres del país de acogida. Y cuando dicha inmigración que no se integra alcanza un volumen poblacional signficativo que llega a convertirse en un problema social, generando tensiones de convivencia por el autoderecho adquirido de imponer su cultura de origen importada (al amparo de los Derechos Humanos sobre el que se han configurado las constituciones de todos los Estados de Derecho y Bienestar Social de la milenaria Europa). Para muestra, y como mayor exponente del esfuerzo social continuo e infructuoso de integración a lo largo de varias generaciones: nuestra republicana vecina Francia, donde la maltrecha bandera reza resignada “liberté, égalité, fraternité”. Un ejemplo que nos evoca, casi por instinto primario, al refranero español cuando avisa que “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”.

Soy consciente que esta reflexión puede considerarse políticamente no correcta, pero no por ello debe dejarse de plantear, pues negar la realidad resulta tan imprudente -a la vez que ridículo- como la avestruz que, para esconderse y no afrontar un peligro inminente, amaga la cabeza bajo tierra. Y es que parece que hayamos perdido el norte por un mal entendido sentido de los límites de los Derechos Humanos, seguramente por el complejo patológico ante los mismos por las muchas aberraciones protagonizadas a lo largo de nuestra historia reciente como civilización. Sea como fuera, ¿quién dice que no se puede conjugar Derechos Humanos y obligaciones de las personas acogidas como inmigrantes? Obligaciones cuya primera y principal norma no tendría que ser otra que la responsabilidad de integración social al país de acogida. Y no, no estoy planteando nada nuevo bajo el sol, pues invito al lector a que intente viajar por trabajo o convertirse en ciudadano de países tan democráticos y de derecho como Finlandia, Australia, Japón o Canadá y nos cuente qué requisitos y obligaciones le imponen.

Derechos humanos, con independencia de la raza, religión, creencia política o sexo de la persona, sí, por supuesto. Pero obligación de integración al país de acogida, también, solo faltaría. Un planteamiento que requiere de una legislación adecuada y de unos instrumentos de control administrativos acordes a los retos de los tiempos que corren.

De lo contrario, nos encontramos ante situaciones tan insólitas, en nuestro propio país, como el intento de querer prohibir por ley el consumo de carne de cerdo en los comedores escolares (alegando cuestiones religiosas), la prohibición de la celebración de las procesiones de Semana Santa (aludiendo la laicicidad del Estado democrático en un intento de equiparar la cultura religiosa de importación de la autóctona), o la prohibición del servicio médico femenino para pacientes masculinos (alegando cuestiones culturales), por poner algunos ejemplos clarificadores. Sin contar que la resistencia de integración de dichos colectivos a nuestra cultura como país de acogida genera nichos de marginalidad social (en cuyo seno se promueve la desigualdad entre hombre y mujer), que son sustentandos humanitariamente por los mecanismos de los servicios sociales (pagados con nuestros impuestos) en el marco de nuestra naturaleza jurídica como Estado de Bienestar Social. Un fenómeno nunca visto en ninguna otra parte del planeta, y mucho menos en sus países de origen, donde el respeto por la cultura ajena es prácicamente nula.

Resulta curioso, a su vez que paradójico, que pongamos el énfasis en la protección del hábitat natural frente a la introducción de nuevas especies animales que pueden desplazar y menguar a las especies autóctonas, a su vez que modificar el propo hábitat, y en cambio descuidemos la protección de nuestro propio hábitat social y cultural como civilización. Seguramente unas de las razones radica en nuestra despreocupación por educar en el sentimiento de identidad de civilización propia y milenaria, dentro de un contexto global.

Un enfoque que no está reñido, en absoluto, con la cultura de la diversidad como factor clave de la inteligencia colectiva que enriquece nuestras sociedades en continuo desarrollo humano. Pero todo proceso de desarrollo conlleva, asimismo, una adecuada y diligente gestión del riesgo para conseguir el éxito esperado. Algo que bien saben las empresas siempre en continua innovación, cuyo afán por evolucionar (para beneficio del conjunto de la sociedad) no les exime de controlar los riesgos si no quieren hacer fallida a medio camino. Al igual que saben, como primera regla de oro en materia de estrategia de innovación, que todos los miembros de la empresa deben estar implicados en la consecución de un mismo y definido objetivo empresarial. Un valor de compromiso que, en contraposición respecto a la realidad sociológica, destaca por su ausencia en los colectivos de acogida que no se integran socialmente.

Nuestra democracia es joven, así como el fenómeno social de la inmigración (aunque vamos ya por las terceras generaciones), y la lesgilación siempre va por detrás de las necesidades sociales, por lo que es lógico la falta de previsión frente a posibles problemas potenciales de integración de colectivos acogidos con una visión cosmológica del mundo y su organización antagónica a la nuestra. Pero la realidad, que siempre supera a la ficción, requiere ahora de una apremiante actualización legislativa del principio de equilibrio entre defensa de los Derechos Humanos de los inmigrantes y defensa de nuestros intereses socioculturales y económicos como país de acogida. Respeto al ser humano, sí. Respeto a nuestro modo de vida, también. El reto, como ya decían nuestros ancestros los romanos, se haya en encontrar la virtud de acción en el punto medio de la problemática que nos ocupa: In medio virtus. No hagamos como las avestruces y afrontemos, sin complejos como sociedad, los retos del nuevo milenio. Frente a la inmigración que no se integra: reserva del derecho de admisión.

Nihil novum sub sole

Nota: Este y otros artículos de reflexión se pueden encontrar recopilados en el glosario de términos del Vademécum del ser humano