jueves, 12 de octubre de 2017

Diálogo, el nuevo eufemismo de la negociación catalana y su solución Harvardiana

Si algún término está cogiendo relevancia en el desarrollo de los acontecimientos de la crisis institucional española como efecto de la República Independiente de Cataluña declarada y autosuspendida, es justamente el diálogo. Un llamamiento al diálogo entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Cataluña que se reclama tanto desde dentro como fuera del territorio español. No obstante, si bien el diálogo es conceptualmente un intercambio de información y conocimiento entre dos o más partes, el significado de diálogo tanto para el ámbito social como para las instituciones internacionales no es otro que el de la búsqueda de una solución al problema. Significado que, en cambio, difiere sustancialmente en el ámbito político donde diálogo no es más que un eufemismo de negociación política. Y aquí ya la acción ejecutiva de diálogo se complica un poco más, pues no es lo mismo mantener un diálogo amable, tensado o agresivo, que tener que negociar sobre algo.

Diálgo como diálogo

Desde la perspectiva básica de diálogo como acción de encuentro de dos partes para hallar una solución a un problema común, cabe apuntar que existen dos principios fundamentales del diálogo en general y político en particular que son altamente relevantes:

1.-En primer lugar, la definción del tema a dialogar.
Un punto nada baladí en el caso que nos ocupa del conflicto entre Gobierno Central y Generalitat de Cataluña, ya que la premisa de dialogar sobre un posible proceso de independencia de Cataluña del resto de España es un escollo, a día de hoy, insalvable para las partes. Para la una, porque no tiene competencias constitucionales para poder asumir el papel de interlocutor válido (Gobierno Central); y para la otra, porque no desea renunciar a su firme voluntad de convertirse en un Estado propio (Generalitat de Cataluña). Como decía el expresidente español, Adolfo Suárez: “El diálogo es, sin duda, el instrumento válido para todo acuerdo, pero en él hay una regla de oro que no se puede conculcar: no se debe pedir ni se puede ofrecer lo que no se puede entregar porque, en esa entrega, se juega la propia existencia de los interlocutores”. Un punto muerto de desencuentro que tan solo puede desbloquearse mediante la búsqueda de la definición de un tema alternativo para el diálogo político.

2.-Y en segundo lugar, la definición de los interlocutores y los procedimientos válidos para dialogar
Ya que si mucho se ha mencionado en los últimos días de la mediación de terceros, en cualquier Estado moderno europeo el diálogo político es el mecanismo básico de la Democracia Parlamentaria, la cual determina cuáles son los interlocutores emanados por normativa del poder del pueblo, que es soberano, y los procedimientos reglados para la validación de dicho diálogo político en un sistema parlamentario (lo que comporta establecer el diálogo dentro del marco de la Ley). Cualquier tipo de fórmula alternativa más o menos creativa de diálogo político sobre la base expuesta, al final deberá someterse a la ortodoxia de ésta dentro de un Estado de Derecho democrático. De ahí la relevancia del requerimiento del Gobierno Central a la Generalitat de Cataluña de que regrese al escenario normativo constitucional, pues fuera de él todo diálogo político y sus posibles interlocutores tienen la misma validez que una tertulia de barra de bar.

Diálogo como negociación

Mientras que desde la perspectiva del diálogo político, ya desde un planteamiento realista y pragmático, es decir, como negociación entre dos posturas políticas ya no diferentes, sino incluso antagónicas, es de suma importancia saber definir el modelo adecuado de negociación. Y aquí debemos remitirnos a la metodología de negociación y gestión de conflictos avalada internacionalmente como es el modelo de Harvard (ampliamente conocido en el ámbito del management). Un estilo de negociación no competitivo, sino de carácter colaborativo (win to win), que otorga un alto nivel de importancia tanto a la relación entre las partes, como al resultado que se obtiene de la negociación, y que se basa en siete principios rectores:

1.-Principio de Alternativa
Es la posibilidad de efectuar una negociación diferente a la que se plantea realizar, lo que solventaría el problema de la definición del tema a dialogar que hemos expuesto con anterioridad.

2.-Principio de Intereses
Representa ir más allá de la exploración de la negociación, lo que significa entender las motivaciones reales del interlocutor. Una clara asignatura pendiente del Estado por dejación de funciones tutelarias en su implicación socio-política con respecto a la realidad social catalana en los últimos años (Como español-catalán, doy fe).

3.-Principio de Opciones
Tras comprender y entender los intereses reales del interlocutor (¿cuál es la motivación verdadera?), cabe formularse opciones que sean de mutuo beneficio para las partes.

4.-Principio de Legitimidad
La legitimidad no solo tiene que ser procedimental, e incluso legal (que se da por hecho), sino que las soluciones que se planteen deben pasar por la evaluación de saber si son legítimas socialmente, puesto que el problema de desafección de una importante parte de la población catalana con el Estado es de carácter político-social. Si la solución es legítima legalmente, pero no para la percepción social, no vamos a ninguna parte.

5.-Principio de Relación
La relación es un factor clave que siempre está en constante riesgo en toda negociación, por lo que se requiere no solo de una especial atención por ambas partes, sino también del cuidado de manera importante de los gestos y las formas durante todo el proceso del diálogo político. Un gesto vale más que mil palabras.

6.-Principio de Compromiso
La toma de posición de un compromiso real y firme por parte de las partes para la viabilidad y seguridad del acuerdo alcanzado es fundamental para el éxito futuro de la negociación. El compromiso no solo debe ser real, sino también creíble y viable a escala social.

Y, 7.-Principio de Comunicación
No solo hay que creerse buenos comunicadores en una negociación, sino que se debe verificar la efectividad de dicha comunicación tanto con los interlocutores, como con el resto de la ciudadanía, ya que todo diálogo político tiene una clara dimensión social, y aún más si cabe en el caso concreto del conflicto secesionista catalán.

Una vez vista la propuesta del modelo harvardiano como apunte de negociación colaborativa (pues en las democracias del siglo XXI la imposición tiene las patas cortas), en el imprescindible diálogo político de Estado que requiere la situación debe pedirse a nuestros políticos que afronten toda negociación con altura de miras y con la consciente capacidad de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene (como diría Churchill), para el bien del conjunto de la sociedad. Un diálogo político que solo va ha ser factible, en la actual encrucijada histórica por la que pasa nuestra Democracia, a la luz de un actualizado espíritu de concordia del 78. Si el hombre es un animal político, como decía el maestro Aristóteles, y la política es el arte de hacer posible lo necesario, como apuntaba el filósofo germano Leibniz, la solución al conflicto catalán que está generando fractura social y desestabilidad económica está (tengamos fe) asegurada. Fiat Lux!

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miércoles, 11 de octubre de 2017

Pulso de la república catalana: cuando la política abandona la economía

Más allá del proceso kafkiano en el que se haya inmerso el pulso de la república catalana, lo cierto es que la situación ha generado un efecto que, al menos desde el análisis filosófico, es interesante de observar: el abandono de la economía por parte de la política. ¿Puede la política desarrollarse al margen de la economía? ¿Puede la economía prescindir de la política? ¿La divisibilidad del tándem política-economía es viable, responsable e incluso moral socialmente?.

Si entendemos que la política es la ciencia que trata de la organización de los bienes sociales, de la res publica, queda en evidencia que no hay organización posible de la actividad pública sin el instrumento de la economía, ya que ésta es la ciencia social en que las sociedades -y con ellas las personas-, sobrevivimos, prosperamos y funcionamos. O como decía Aristóteles: la economía es la ciencia que se ocupa de la manera en que se administran unos recursos o el empleo de los recursos existentes con el fin de satisfacer las necesidades que tienen las personas y las sociedades.

Así pues, podemos afirmar metafóricamente que en un estado democrático -dentro de la ortodoxia occidental- la política y la economía es como una biga (carreta romana tirada por dos caballos) que dirige un auriga (jinete) elegido por sufragio universal. En otras palabras, no hay política sin economía (ni economía sin política, aunque este punto merece una reflexión a parte en un contexto global), en un estado democrático de corte europeo, ya que nuestras Democracias se fundamentan sobre uno de los grandes hitos conseguidos por la humanidad: el Estado de Bienestar Social. Es decir, los derechos adquiridos como ciudadanos al libre acceso a los servicios sociales, los servicios sanitarios, los servicios educativos y las pensiones u otras prestaciones económicas de garantía de ingresos para la subsistencia, requieren de una financiación previa. Y para ello se requiere de la Economía (productiva, generada por el sector privado), sin la cual la Política no puede gestionar los recursos públicos para beneficio del conjunto de la sociedad.

Llegados a este punto, si hay Política sin Economía, podemos afirmar que el abandono de la Economía por parte de la Política que gestiona el proceso de la recién declarada y autosuspendida república catalana no es ni viable ni responsable a nivel social. Solo hay que observar el impacto negativo que el proceso secesionista está registrando, en el momento incluso anterior a su culminación, en los datos objetivos de los indicadores micro y macro económicos catalanes.

Como apuntaba ayer (día de la declaración de la república catalana) en tono un poco jocoso en las redes sociales, proyectando sobre una parte un mensaje crítico incisivo para el conjunto implicado, con el objetivo de poner en evidencia lo absurdo de la situación, publiqué la siguiente simulación de anuncio oficial: “Requerimiento a los payeses independentistas que en el día de hoy sacan sus tractores a la calle en apoyo a la DUI (Declaración Unilateral de Independencia): por favor, pasen por el departamento de Agricultura más cercano y firmen su baja voluntaria a las ayudas económicas que reciben de la UE. Gracias”.

Si bien queda evidenciado que Política sin Economía produce el mismo efecto social irresponsable que el de desprenderse de uno de los dos caballos que tiran de una biga romana, la última pregunta que nos cabe por hacernos es si dicha actuación es moral o no desde un punto de vista social.

Hablar de moral es enjuiciar la ética de una conducta, una materia tan amplia y diversa como pensadores han existido y existirán a lo largo de la historia de la humanidad. No obstante, de entre todas las dimensiones existentes, cabe que nos circunscribamos a la moral política que es la que nos ocupa. En este sentido, ya que la reflexión objeto del presente artículo es la relación entre Política y Economía, y la economía si por algo se caracteriza es por su fría faceta objetiva en su manifestación sobre la realidad (hay o no hay dinero), la evaluación de la moral política del proceso de la república catalana debe realizarse bajo el tamiz del objetivismo. Una postura filosófica que afirma que la única forma de alcanzar la moralidad es por medio de la razón y la aceptación de la realidad en forma objetiva, independiente de la percepción del ser humano. En este sentido, la moral política objetivista considera que es moral todo aquello que va en la dirección del sostenimiento, sustento y realización de la vida de una persona dentro de la sociedad, mientras que lo contrario es inmoral políticamente. Un concepto de moral que va íntimamente ligado al concepto tradicional de política como actividad que vela por el bien común.

Resumiendo, toda acción pública explícita o de facto de abandono de la Economía por parte de la Política es manifiestamente inviable, irresponsable e inmoral socialmente en un Estado moderno Social y de Derecho, que solo tiene un escenario posible: el empobrecimiento de los ciudadanos. Como se reza desde la antigüedad: “por sus frutos los conoceremos” (a los falsos profetas).

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martes, 10 de octubre de 2017

Cataluña independiente o la gestión de la frustración social ante el principio de la realidad

Tras la declaración de la República Independiente de Cataluña a la gallega por parte del presidente de la Generalitat, los independentistas catalanes abandonan el principio de la épica y la fantasía en beneficio de retomar el principio de la realidad. Y no, no me refiero a la realidad subjetiva fruto de una percepción sesgada de la experiencia más inmediata (con ayuda de efectos especiales de una burbuja creada artificialmente), sino de la realidad objetiva con la que como sociedad construimos una evidencia -en este caso política y jurídica- que nos permite afirmar que algo es verdadero frente a otras opciones consideradas como falsas.

Retomar de nuevo el principio de la realidad objetiva por parte del movimiento independentista catalán no es una tarea fácil en materia de psicología colectiva, pues más allá de las razones propias del intelecto entra en juego la gestión emocional, y más concretamente la gestión de una frustración social que no por ser anunciada se aprecia de menor gravedad. Puesto que con independencia de la fata de responsabilidad por parte de unos dirigentes que han enarbolado la creencia popular de alcanzar la Ítaca republicana catalana, la imposibilidad de sus troyanos de satisfacer el sueño secesionista conlleva un estado general de tristeza, una emoción básica de repliegue del ser humano que mal gestionada puede convertirse en una emoción básica expansiva como es la rabia social. Y la rabia, como bien sabemos, se manifiesta como un impulso emocional, de difícil control individual y aun más colectivo, que empuja a responder negativamente contra todo aquello que consideramos que nos hace daño, que es injusto o que percibimos como una amenaza.

Llegados a este punto, la pregunta que debemos hacernos para el bien común de la concordia y la convivencia social, es cómo gestiona la frustración una gran parte de la sociedad catalana que, como acérrimos guerreros (muchos de ellos de nueva generación), se sienten derrotados por la implacabilidad del principio de la realidad. Lo cierto es que no hay gestión de la frustración sin aceptación de la realidad, la cual pasa a su vez por renunciar a la tentación de adaptar un rol del victimismo. Pero también no es menos cierto que, en un ambiente constructivo de armonía social, no puede haber aceptación real de la situación y renuncia de un victimismo que retroalimenta la frustración, sin la capacidad de poder vislumbrar una posible solución al estado que ha generado el problema.Una solución que necesariamente debe venir propuesta por el establishment de la realidad que se impone, pues en toda contienda son los vencedores quienes tienen la capacidad y la responsabilidad de reconstruir los puentes que se hayan podido dinamitar en el fragor de la batalla.

El principio de la realidad siempre se impone por fuerza puramente gravitatoria, a pesar de los infructuosos intentos de unos pocos o unos muchos por mantenerse suspendidos en el aire de la ficción. Pero si algo caracteriza la realidad es que no es excluyente, sino incluyente, ya que por definición se compone del conjunto de todo aquello que, aun diverso y múltiple, fundamenta su propia naturaleza. Por lo que volver a la normalidad colectiva del principio de la realidad pasa indiscutiblemente por la integración de todas y cada una de sus partes, la cual cosa significa -en el marco de la situación del frustrado pulso secesionsta catalán-, por acoger a los independentistas en un reactualizado marco político y social integrador (A buen entendedor, pocas palabras; ya que la intencionalidad de esta reflexión es filosófica, no política). Lo contrario es temporizar la teoría del caos que, como el aleteo de la mariposa de Brasil que con el tiempo provocó un tornado en Tejas, podría transmutar el principio de la realidad ya no solo español, sino previsiblemente europeo. (Y a las orejas del lobo que han visto los dirigentes de la UE en estos días me remito).

Es hora pues, de curar las heridas de la fractura social en Cataluña, poniendo un especial énfasis en el cuidado de la gestión de la frustración de una parte importante de sus ciudadanos (mis vecinos). Una tarea solo apta para una política de Estado. Mientras tanto, en un Estado de Derecho democrático con división de poderes, que la Justicia depure responsabilidades sin dilaciones sobre aquellos que hayan sido irresponsables en sus funciones públicas y sociales.

10 de Octubre de 2017,
Noche de la V República de Cataluña Declarada 
y Suspendida temporalmente a la vez


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lunes, 9 de octubre de 2017

El dilema filosófico de Cataluña: ¿Quién tiene razón y cómo afrontar la sinrazón?

De razones hay tantas como personas existen, pero a escala social la razón colectiva guía el comportamiento de las personas a título individual dentro de un marco de entendimiento predeterminado para una buena convivencia en común. ¿Pero qué sucede -como es el caso de rabiosa actualidad en Cataluña-, cuando la sociedad se polariza en dos razones colectivas enfrentadas? En primera estancia, cabe señalar que el enfrentamiento tiene lugar desde el momento en que cada posición cree estar en posesión de la razón absoluta, lo cual significa que ambos consideran al posicionamiento enfrentado como una sinrazón a la que hay que contrarrestar. Así pues, ¿cuál de las dos posturas opuestas tiene razón?.

La razón no es sinónimo de racionalidad, pues ésta no es más que la elucubración intelectual para justificar una posición o comportamiento, ni tampoco es sinónimo de razonamiento, puesto que se refiere a la conexión de ideas de forma lógica para establecer un argumento determinado, y todos sabemos que podemos aparentar ser racionales o establecer razonamientos y no por ello tener razón sobre un tema objeto de reflexión. Así pues, cuando hablamos de tener razón sobre algo nos referimos a la capacidad humana de establecer un discernimiento racional desde el razonamiento lógico lo más cercano posible a la verdad del asunto que tratamos. Y para ello, como diría Leibniz (el mayor filósofo alemán del XVII), se requiere de un principio de razón suficiente, también denominado más tarde por Kant (de educación leibniziana en el XVIII) como principio de razón determinante, lo cuales son postulados opuestos al principio de contradicción.

Cabe apuntar que a la hora de tratar sobre la razón no tienen cabida los relativistas, pues se tiene o no se tiene razón, ya que en filosofía política no hay lugar para el milagro del gato de Schrödinger que estaba vivo y muerto a la vez.

La razón, que tiene la capacidad de establecer o descartar conceptos concluyentes en función de su coherencia con respecto de otros conceptos de partida, se fundamenta en un principio lógico fundamental (siendo la lógica la disciplina que descubre las reglas que rigen toda razón): El Principio de No Contradicción. Este principio evidencia que un mismo concepto no puede ser y no ser a la vez. Es decir, que una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido (Un principio clásico de la lógica y de la filosofía). Este Principio de No Contradicción -que recoge por primera vez Platón en su obra La República-, permite juzgar como falso todo aquello que implica una contradicción, pues las contradicciones acaban por construir razones argumentales que se reducen al absurdo.

Así pues, ¿cuál de las posiciones de razón política enfrentadas en Cataluña no cumplen con el Principio de No Contradicción?. ¿Cuál de las polarizaciones de la razón enfrentadas contradice su propio marco de referencia argumental sobre el que se sustenta?.

A la revisión objetiva de los relatos argumentales esgrimidos por las partes implicadas en el debate político catalán, y a la luz objetiva de la lógica, queda diafanamente claro que en Cataluña existe un posicionamiento social que ostenta la razón, mientras que otro se sitúa en el terreno de la sinrazón, siendo éste último el caso de los independentistas que llevan violentando de manera sistemática el principio de No Contradicción desde el inicio de su deriva secesionista (Véase los artículos: “Catalunya está fuera del Estado de Derecho en su golpe independentista inviable” y “La Ética de la legitimidad democrática del Gobierno catalán no es correcta ni aplicable”).

Una vez esclarecido qué posicionamiento ostenta la razón (sabedores que en los principios lógicos que rigen toda razón no hay cabida para medias tintas, lo que se denomina principio del tercero excluido), solo cabe preguntarse ¿cómo se afronta un debate político desde la posición de la razón frente a un posicionamiento social fundamentado en la sinrazón?. La respuesta, en el caso que nos ocupa de Cataluña, no puede ser otro que mediante la aplicación de la Razón de Estado, un concepto desarrollado tanto en filosofía política como en ciencia jurídica, que entiende que el ejercicio efectivo de dicha razón nunca excederá los limites de la legitimidad del propio Estado, en este caso, de un Estado de Derecho democrático. Es decir, que la razón del Estado de Derecho se impondrá frente a la sinrazón del posicionamiento social de los independentistas mediante el uso legítimo de la aplicación de la ley.

Pero la razón socio-política no solo se combate, en casos excepcionales como el actual, mediante la fuerza coercitiva de la Razón de Estado, sino que la sinrazón social también se debe combatir de manera imperativa mediante la razón cultural, la cual requiere de formación en materia de Democracia, Legitimidad democrática, principios del Estado de Derecho, e incluso, ¿por qué no?, sobre historia, derechos y responsabilidades del ejercicio de la desobediencia civil. Y, sobre todo, de Lógica y Filosofía Política. Puesto que si por algo destaca el movimiento social que defiende la sinrazón democrática de la que somos testigos en la actualidad es, justamente, por su analfabetismo político. Una carencia cultural de partida que no le invalida para crear un razonamiento político que, aunque falso, se cree en posesión de la fuerza de la razón. Y no hay nada más peligroso para la Democracia, y por extensión para la buena convivencia social, que una masa sinrazón que se cree poseedora de la (falsa) razón.


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jueves, 5 de octubre de 2017

El Talento, víctima en la contienda de conceptos diferentes de D(d)emocracia en Cataluña

Si algo queda patente en la situación de crisis institucional y social por la que pasa Cataluña, por encima del posicionamiento político de cada ciudadano a título individual, es que existe una contienda entre dos conceptos diferentes de Democracia. Los unos, entre los que me encuentro, entendemos la Democracia dentro de los principios rectores del Estado de Derecho a la luz del marco jurídico democrático europeo donde se circunscribe el ordenamiento jurídico constitucional español; mientras que los otros entienden la democracia como un sistema de organización política donde el principio de Desobediencia Civil prima por encima del principio de Legalidad, siendo el primero un claro acto de desacato al segundo para forzar cambios a nivel político y social con el fin de conseguir sus objetivos (la autodeterminación), y siendo (quiero suponer) conscientes asimismo que la transgresión a la legalidad vigente -vulnerando los principios de un Estado de Derecho- puede acarrear inevitablemente un castigo por parte de los diferentes poderes del Estado. Simplificándolo, nos encontramos frente a una concepción de Democracia europea por parte de los constitucionalistas de tradición milenaria greco-romana, versus una democracia proindependentista catalana que tiene su origen en postulados originados en mediados del siglo XIX por parte del filósofo anarquista estadounidense Henry David Thoreau, y del que bebieron ideológicamente personajes históricos como León Tolstoy, Gandhi y Martin Luther King. Aunque, si somos rigurosos en los términos, de concepto de Democracia solo hay uno (Permítanme ser generoso en este artículo bajo la singularidad sociológica de que la consigna y estandarte principal de los independentistas es, justamente, el reclamo de más “Democracia”).

Esta contienda socio-política y jurídica entre Democracia y pseudodemocracia en Cataluña, tiene un segundo aspecto interesante a destacar: el uso de la simbología. Es decir, tanto los partidos políticos, como los colectivos sociales y los mismos ciudadanos a título individual de ambos posicionamientos enfrentados hacen uso de símbolos elevados a la categoría de iconos culturales para la reafirmación de una identidad propia.

En el caso particular de los defensores del concepto de “democracia a la nacionalcatalana”, el uso de la iconografía ideológica como elemento distintivo es, claramente, un instrumento de estrategia clave para la contienda entre las partes que, en gran medida, se está librando en las calles (para desafío mayor de la Democracia ortodoxa). Esta tendencia no solo ya es natural (e incluso coherente) por parte de aquellos catalanes nacionalistas descendientes de familiares que perdieron en la aún rememorada fratricida guerra civil, sino que se nos aparece como relevante, por excepcional, en aquellos hijos y nietos de inmigrantes de otras zonas de España que hoy son independentistas. La particularidad del caso de éstos últimos cabe entenderla como parte de una generación nacida en Cataluña que, si bien son hijos de otras culturas españolas, por desconexión geográfica no acaban de sentirse culturalmente ligados al lugar de origen de sus padres, y han encontrado en la simbología nacionalista catalana -fuertemente promovida (y manipulada) por las instituciones de Cataluña a lo largo de las últimas décadas- el espacio de refugio y de retroalimentación óptimo para el desarrollo de una identidad social y personal propia (al amparo del olvido de la historia de sus ancestros y ganando un terreno identitario de zona de nadie). Lo mismo sucede con inmigrantes latinoamericanos ahora independentistas (de tradición político-reivindicativa, sea dicho de paso). Otro tema son los inmigrantes musulmanes que su motivación no es tanto identitaria y cultural, sino de interés por mantener los beneficios derivados de las prestaciones sociales de las que gozan (aunque este es trigo de otro costal). Sea como fuera el proceso y capacidad de adhesión que tienen los nacionalistas catalanes a su causa, lo cierto es que el movimiento secesionista plantea un serio reto al futuro de la convivencia social en Cataluña por el amplio espectro de jóvenes independentistas “de nueva generación” con los que cuenta, -solo hay que ver las manifestaciones repletas de estudiantes de instituto y universitarios-. Una nueva generación a la que se puede reculturalizar en conceptos tan básicos como lo que es y lo que no es la Democracia, pero a los que no se les podrá sustraer su identidad nacionalista (reforzada por los acontecimientos recientes), pues en ella se enraiza su identidad cultural como persona.

Como vemos, nos encotramos frente a un escenario con dos conceptos de Democracia enfrentados, donde la iconografía nacionalista catalana no es solo simbología política sino expresión identitaria cultural de cientos de miles de personas, muchos de ellos jóvenes. Y aquí llegamos al tercer y último punto de esta pequeña reflexión: la exclusión social por identificación identitaria. Uno de los efectos secundarios, pero sólidamente tangibles, de la reafirmación de una identidad cultural propia es, justamente, la contraposición a otras identidades culturales que se perciben como ajenas (El Yo/Nosotros versus los otros). Una característica sociológica que cuando no se siente amenazada -ya sea objetiva o subjetivamente- deriva en un ambiente de concordia y de buena convivencia social, pero cuando se percibe como hostigada (como es el caso) genera un ambiente de exclusión a todo aquello y aquellos que no participen de su mismo ideario socio-cultural. En otras palabras, triste y previsiblemente en Cataluña vamos a asistir en los próximos tiempos a una pérdida de activo humano, por parte de una u otra parte de la contienda, por el rechazo sistemático de personas a las que se les va a valorar por su perfil identitario por encima de su talento, a causa de la grave fractura social ya existente. Y no se trata de una teoría alarmista infundada, sino de una realidad plausible en una sociedad que deplorablemente ya señala a niños en la escuela, comercios de la calle y personas en las redes sociales según su identificación identitaria.

Si el talento representa el 80% del valor intangible de una empresa, y éstas son los engranajes operativos que mueven el Mercado, siendo el Mercado quien posibilita el buen desarrollo de las sociedades y su grado de estado de bienestar, o la sociedad catalana -en complicidad real de sus instituciones- se implica en serio para estar a la altura de las circunstancias que requiere el recuperar la convivencia ciudadana tras una grave fractura social, o Cataluña se verá abocada a un empobrecimiento de talento para afrontar los retos de una sociedad moderna en pleno siglo XXI. Puesto que sin talento no hay innovación y, por ende, competitividad. Ante la pregunta de si ¿Cataluña va hacia un saldo positivo o negativo en materia de gestión del talento propio?, el tiempo lo dirá y la Historia valorará nuestra madurez como sociedad autodenominada como moderna, pero serán los indicadores de Mercado quienes reflejarán de manera objetiva y a corto plazo la rentabilidad de nuestro capital intelectual. El balance, al final del ejercicio.

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lunes, 2 de octubre de 2017

Catalunya está fuera del Estado de Derecho en su golpe independentista inviable

No podemos sustraernos de la realidad más inmediata que nos rodea, y aún menos como catalán que soy profundamente preocupado por la situación histórica vivida ayer día 1 de octubre en Catalunya, cuya prensa internacional recoge en las portadas de los principales rotativos (para vergüenza de nuestra imagen exterior como país), por lo que me siento impulsado a hacer la siguiente reflexión pedagógica (especialmente para quienes hablan de Democracia sin saber qué es) sobre la vulneración de los principios fundamentales del Estado de Derecho por parte del Gobierno de Catalunya:

1.-Vulneración del primer principio fundamental del Estado de Derecho de todo país democrático: el Principio de Legalidad. Puesto que no solo el supuesto referéndum no contaba con junta electoral ni censo electoral (pudiendo una misma persona votar varias veces en diferentes colegios electorales, a imagen y semejanza de un país bananero), entre otros muchos agravios, sino que a día de hoy todavía yo, como ciudadano de pleno derecho, aún estoy esperando la convocatoria personal vía carta electoral a la supuesta realización del referéndum.

2.-Vulneración del segundo principio fundamental del Estado de Derecho de todo país democrático: el Principio de Limitación. Puesto que la Limitación garantiza la inexistencia de poderes absolutos o totales, y está circunscrita a la reglas marcadas dentro de la ley para la seguridad de los derechos de todos los ciudadanos. Y ayer, así como en los días anteriores, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya ejerció su acción política como un poder absoluto al cambiar continuamente las reglas de participación válida del referéndum: Papeletas impresas desde casa, votar sin sobres, poder votar allí donde se quisiera (incluso en medio de la calle), urnas opacas, etc.

3.-Vulneración del tercer principio fundamental del Estado de Derecho de todo país democrático: el Principio de Motivación. Puesto que el Estado de Derecho prohíbe absolutamente la arbitrariedad legal, debiéndola motivar basándose en normas preestablecidas para asegurar la legalidad y la legitimidad de la acción legislativa. Y el referéndum catalán se ha basado en una ley propia que rompe su vinculación legal con las normas preestablecidas (Constitución Española) e incumple la legalidad internacional en dicha materia (Véase: La Ética de la legitimidad democrática del Gobierno catalán no es correcta ni aplicable).

4.-Vulneración del cuarto principio fundamental del Estado de Derecho de todo país democrático: el Principio de Responsabilidad. Puesto que éste marca explícitamente la no violación de la Constitución ni la afección negativa de los derechos de lo ciudadanos. Y a mi personalmente, al igual que a tres millones y medio más de ciudadanos catalanes con derecho a voto (frente a los poco más de 2 millones que han votado en el referéndum) se nos ha vulnerado el derecho a unas elecciones con plenas garantías democráticas.

5.-Vulneración del quinto principio fundamental del Estado de Derecho de todo país democrático: el Principio de Seguridad Jurídica. Puesto que éste es la razón de ser misma de un Estado de Derecho, por el que el conjunto de ciudadanos nos sabemos protegidos en nuestros derechos, siendo el hilo conductor del resto de principios democráticos como derecho fundamental de las personas. Y este no es el caso ante un referéndum ilegal, donde el Gobierno realiza un recuento de votos sin ninguna garantía jurídica y a cuyos resultados (90% del sí a la independencia en una participación del 34% del electorado catalán, y con el “100´88” escrutado según datos oficiales de la Generalitat) le otorga la validez política para iniciar el proceso de Declaración Unipersonal de Independencia con respecto al resto de España. Sin mencionar que las leyes aprobadas en el Parlament de Catalunya el pasado 6 y 7 de septiembre de desconexión que amparan el referéndum se saltaron los preceptos jurídicos mínimos de una cámara legislativa democrática.

Y 6.-Vulneración del sexto principio fundamental del Estado de Derecho de todo país democrático: el Principio de División de Poderes. Puesto que éste nace como acción contraria a toda posible tentación de monopolio o concentración de poderes por parte del poder político (a diferencia de las dictaduras), entendiendo que cualquier forma de concentración del poder es la negación del Estado de Derecho, el cual significa asimismo poder fraccionado, controlado, responsable y esencialmente limitado. Un principio que se rompió en el día de ayer al desobedecer la policía autonómica catalana los requerimientos judiciales (concretamente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya) y ejercer de policía política del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, aún a expensas de enfrentarse al resto de fuerzas de seguridad del Estado.

Por todo ello, no solo el Gobierno de la Generalitat de Catalunya (PDCAT y ERC), al amparo de sus socios parlamentarios antisistema (CUP), llevó de manera irresponsable al pueblo catalán fuera del marco de un Estado de Derecho democrático, sino que realizó de facto un golpe de estado.

La vulneración de dichos principios rectores es contraria a todo Estado de Derecho Democrático, incluso si dicha decisión de vulneración tiene origen en la decisión del pueblo (o parte de él -aunque griten y se movilicen mucho-, como es el caso que nos ocupa en Catalunya). Por lo que no todas las decisiones del pueblo son necesariamente legítimas, ni ajustadas al Derecho, puesto que el pueblo está sometido a la Constitución y al Derecho Internacional que define qué es la Democracia y qué no lo es. Y la propia Democracia, mediante las constituciones democráticas como la nuestra, ya establece los procesos legítimos para modificar su propio sistema de ordenamiento jurídico como Estado de Derecho respetando siempre los derechos y valores fundamentales de las personas.

Balance de la acción policial: Derecho versus Desobediencia 

Por otra parte, ante la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el día de ayer en Catalunya con el objetivo de impedir la celebración de un referéndum ilegal por requerimiento del poder judicial catalán dentro de un Estado de Derecho, cabe apuntar que el Derecho mismo y los sistemas legales democráticos se sustentan en la imposición de una sanción más que en la utilización de la propia violencia. No obstante, en última instancia los Estados de Derecho democráticos recurren a ejercer la fuerza, como en el caso del día de ayer, cuando un ciudadano se niega al cumplimiento del Derecho, siendo la persona la que conscientemente determina con su propia conducta las consecuencias, conforme al ordenamiento jurídico. (Véase hemeroteca de disturbios y acciones policiales recientes en la Europa democrática de 2017: Alemania-Cumbre del G20 en Hamburgo-julio 2017, Francia-Huelga General en París-septiembre 2017, Italia-Reunión del G7 en Turín-septiembre 2017, Bélgica-Disturbios tras los atentados de Bruselas-abril 2017, Holanda-Protestas a favor del Gobierno turco en Rotterdam,-marzo 2017, etc.)

No obstante, cabe remarcar que tristes son las imágenes del uso de la fuerza vistas en el día de ayer, las cuales han dado la vuelta al mundo de manera viral (focalizando solamente la acción coercitiva del Estado mediante nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, y no tanto en el fraude electoral), las cuales se hubiesen evitado si las personas que voluntariamente (por irresponsabilidad o inconsciencia) participaron del golpe de estado encubierto en un falso civismo no hubieran retado al Estado de Derecho, así como también se habrían evitado si la policía autonómica catalana no hubiese hecho dejadez de sus obligaciones al incumplir (por mandato político) el cierre de los colegios electorales ilegales antes de las 6 de la mañana del domingo día 1 (orden que tenían desde el viernes anterior) para provocar de esta manera la foto buscada del despliegue del resto de los cuerpos de seguridad del Estado en Catalunya, en cumplimiento del requerimiento judicial para defensa de los derechos democráticos del resto de ciudadanos entre los que me cuento. La violencia siempre es deplorable, así es, pero no menos deplorable es la acción victimista a posteriori de quienes sufren las consecuencias coercitivas de una acción consciente ilegal, ya que el derecho social de libertad democrática nada tiene que ver con un derecho de libertinaje social fuera del marco democrático.

No puedo concluir sin dejar constancia que la irresponsable acción del Gobierno de la Generalitat de Catalunya al vulnerar el Estado de Derecho en su intención golpista, con independencia de que no va a llegar a buen puerto para frustración de los secesionistas por falta de reconocimiento internacional (la UE ya se ha pronunciado hoy mismo en que el referéndum no tiene ninguna validez legal), ya ha creado una situación de grave fractura social entre los catalanes. Los que vivimos en Catalunya bien lo sabemos, a tan solo un día después del referéndum ilegal. Por lo que solo espero que nuestros políticos sean capaces de estar a la altura de las circunstancias para restablecer la convivencia social. Pues una cosa es la Democracia legal, que se reinstaurará previsiblemente en breve (con o sin aplicación del art.155, pero sobretodo con diálogo, con mucho diálogo, por favor), y otra muy diferente es la Democracia real en la convivencia diaria personal y profesional entre personas de un pueblo fracturado. En otras palabras, definirte como español ya se cobra amistades y te puede costar el puesto de trabajo, aunque lo cierto es que esto hace tiempo que ya está sucediendo de manera más o menos explícita en ciertos ámbitos laborales -principalmente públicos- de corte nacionalista catalán.

Acabo con una referencia de Ortega y Gasset de plena vigencia: “El hombre masa es el hombre previamente vaciado de su propia historia, sin entrañas del pasado, y por ello dócil a las disciplinas llamadas internacionales. Más que un hombre, es un caparazón de hombre”. Más educación histórica y política, por favor. Aquellos que denominan al referéndum independentista como un acto de democracia, no saben lo que es la Democracia. Más hombres ilustrados y menos hombre masa. Pues el hombre masa, dócil por su analfabeto democrático, tiende a correr hacia el precipicio de su propia autodestrucción arrastrando toda sociedad a su paso. Ilustremos a nuestros jóvenes para que no sean analfabetos democráticos, por el bien del futuro generacional del conjunto de la sociedad española y catalana.

...Y mientras tanto, que la Justicia prosiga en sus diligencias por depurar responsabilidades de tanto irresponsabe social.

Jesús A. Mármol
Español-Catalán, a día 2-O de 2017

Nota: Este y otros artículos de reflexión se pueden encontrar recopilados en el glosario de términos del Vademécum del ser humano 



sábado, 23 de septiembre de 2017

La Ética de la legitimidad democrática del Gobierno catalán no es correcta ni aplicable

En estos días del proceso rupturista del Govern de la Generalitat de Catalunya con el resto del Estado español (tras una desafección social -horneada a fuego lento durante los últimos 20 años por parte del nacionalismo catalán- que derivó en un espíritu de desconexión política a partir del famoso 9N del 2014), el concepto de legitimidad democrática está a la orden del día tanto en la dialéctica institucional del ejecutivo catalán y en el clamor popular independentista que ha tomado las calles de Catalunya, como en la narrativa reactiva de los diferentes poderes del Estado español como respuesta al pulso secesionista catalán.

Un escenario socio-político convulso donde dos conceptos de legitimidad democrática chocan entre sí, uno amparándose en una legitimidad fundamentada en la conformidad con las leyes constitucionales dentro del marco de un Estado de Derecho, y otro amparándose en la legitimidad entendida como la validez o verdad subjetiva de una realidad nacional singular que busca manifestar su particular sentido democrático fuera del Estado de Derecho preconstituido. Como observamos en este punto, legitimidad y legalidad no van cogidos de la mano, ya que si bien la legitimidad se asocia a la política y al ejercicio de los poderes y la autoridad pública, la legalidad se asocia al ámbito del derecho que se refiere a lo que es legal (por lo que para lo que unos es legal, para otros, que han creados leyes propias y diferenciadas, no lo es).

Pero para entender la legitimidad de las partes (otro tema es el concepto democrático que le acompaña al que me referiré más adelante), hay que acudir no a la política o al derecho, sino a la Filosofía. Pues es la Ética -rama de la Filosofía-, quien nos permite entender las razones morales de una legitimidad. (Quizás por ello los políticos han aniquilado la Filosofía del conjunto del sistema educativo español e internacional, hasta el punto -como muestra un botón- que por no existir no existe ya ni la Facultad de Filosofía donde servidor estudió, puesto que la sociedad contemporánea prima la productividad de las personas por encima de su capacidad de pensamiento crítico).

La Ética nos permite valorar, desde un sistema moral individual y colectivo, si una legitimidad es buena o mala, correcta o incorrecta, obligatoria o permitida, entre otros juicios de valor al uso. De éticas contemporáneas hay varias y de diverso nivel, pero la que nos ocupa al tratar sobre la legitimidad democrática en el actual enfrentamiento político-legal entre el Estado español y Catalunya podemos hablar de la Ética normativa, que es aquella que estudia los criterios morales (usos y costumbres que guían la conducta de las personas en la sociedad) para determinar cuándo una acción es correcta y cuando no lo es. Así pues, cuando nos referimos a la Ética de una legitimidad no hacemos más que referirnos a los criterios morales sobre los que se basa dicha legitimidad. Pero, ¿qué es la Moral?, he aquí la pregunta del millón. De definiciones y conceptos sobre la Moral hay tantos como grandes filósofos nos han predecedido a lo largo de la historia de la Humanidad desde la Antigua Grecia, pero alejándonos de las tesis kantianas, teológicas y naturalistas de aquella Moral con validez absoluta, universal y eterna, todos entendemos en un contexto sociológico que la Moral es relativa en referencia al contexto histórico en que se desarrolla. Por tanto, si la Moral es en tanto se establece en el parámetro referencial de un contexto en el que se manifiesta, la Ética de la legitimidad democrática no se puede entender sin la Moral de la Democracia, pues en ella se encierra la Ética de su legitimidad.

Democracia, otra palabra grandilocuente que estos días se está utilizando como bandera de guerra entre las partes en litigio. La Democracia, así como la Ética y la Moral han evolucionado a lo largo de la historia. Tanto es así que Platón, padre de la Democracia, en su obra la República manifiesta que todos los hombres son iguales en una organización ideal de la sociedad, pero cuando le preguntan a su personaje Sócrates quién limpiaría las calles si todos son ciudadanos libres e iguales, éste respondió que “para ello tendremos esclavos”. Y nadie en su sano juicio concibe una Democracia moderna con esclavos, ¿verdad?. Por tanto, si el concepto de la Democracia ha variado según ha ido evolucionando la sociedad a lo largo de los siglos, ¿qué entendemos actualmente por Democracia?.

Todos conocemos, aunque sea por pura traducción etimológica del griego clásico (demos y kratós), que Democracia es el poder del pueblo, es decir, que la forma de organización social atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. Pero asimismo a nadie se le escapa que de tipos de democracias existen muchas y variadas en el mundo. Así, nos encontramos -entre otras clasificaciones- con democracias indirectas o representativas (como en España), semidirectas o participativas (como en Bolivia), democracias directas (como en Suiza o Estados Unidos), y sus diversos tipos de manifestación: democracias liberales (como la mayoría en Europa), socialdemocracias (Suecia), democracias con monarquías constitucionales (España, Gran Bretaña, Japón, etc), democracias soviéticas (ex URSS), democracias populares (Cuba), etc. En Europa, por su parte, quién define qué es Democracia y cuáles son sus principios fundamentales y componentes, es la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, más conocida como la Comisión de Venecia, que es un órgano consultivo del Consejo de Europa formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional propio de nuestra era, que tiene como objetivo asistir y aconsejar a países en asuntos constitucionales para mejorar el funcionamiento de las instituciones democráticas y la protección de los derechos humanos. Por tanto, si en nuestro contexto social y político tenemos que referirnos a la Moral de la Democracia, nos remitiremos a los principios morales marcados por la Comisión de Venecia. Y según ésta (en carta personalizada enviada al presidente del gobierno catalán en el pasado mes de junio), la acción del Govern de la Generalitat de Catalunya de llevar a cabo un referéndum unilateral no es una acción correcta al desarrollarse fuera del marco del Estado Democrático de Derecho y al incumplir los requisitos básicos para que un referéndum sea aceptado por la comunidad democrática internacional. De lo que se deduce que la Ética de la legitimidad democrática del Referéndum catalán del 1-0 no es buena, ni correcta, ni aplicable.

Pero junto a la Ética de la legitimidad democrática, no podemos olvidar la Ética de responsabilidad política de aquellos dirigentes, que aún a sabiendas de la falta de corrección y de aplicabilidad de la Ética de legitimidad democrática de sus planes políticos, son autores intelectuales y materiales de la deriva hacia una ruptura social, manipulando a la ciudadanía mediante argumentos políticos falsos -algunos de ellos de gravedad-, con el objetivo consciente (y por tanto doloso) que la masa se agite como un caballo desbocado -como diría Ortega y Gasset- en un acto de flagrante rebeldía activa a la Autoridad del Estado Democrático de Derecho. Una masa que, por otro lado, demuestra con sus actos una preocupante analfabetización cultural general, fruto de un adoctrinamiento previo, y pone en relieve un desconocimiento del sentido fundamental de la Democracia en particular. Que referéndum no es igual a Democracia, que quede claro, pues hasta en las dictaduras se ejercen los referéndums, residiendo la diferencia justamente en el marco de garantías que ofrece un estado democrático de derecho.

Menos manipulación institucional y educativa, y más Ética filosófica y Filosofía de la Democracia, por favor. Recordando a Sócrates: “El conocimiento nos hará libres”.


Nota: Este y otros artículos de reflexión se pueden encontrar recopilados en el glosario de términos del Vademécum del ser humano